El Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Valencia ha decretado la apertura de la fase de liquidación concursal de la empresa Corporación Dermoestética, S.A., en concurso de acreedores al no aceptarse las propuestas de convenio de acreedores. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) a través de un comunicado, el magistrado procede a la conclusión de la fase común del concurso, decreta la suspensión de la disposición de la mercantil sobre su patrimonio y declara la disolución de la sociedad nacida en 1979 y que en 2014 tenía España 54 clínicas propias (que no franquicias) con las que abarcaba casi el 90 por ciento del territorio nacional, y otras cinco en Portugal.
Según el auto se declara la apertura de la fase de liquidación a instancias del deudor “en el caso de que no se hubiera presentado dentro del plazo legal ninguna de las propuestas de convenio” y añade que se procede la liquidación concursal cuando “no hubiesen sido admitidas a trámite las que se hubieran presentado”. El juez recuerda que este es el supuesto que se plantea en el caso de la firma, por lo que se abre la fase de liquidación.
Por último, el magistrado cesa a los administradores o liquidadores y declara «el vencimiento anticipado de los créditos concursales aplazados y la conversión en dinero de aquellos que consistan en otras prestaciones», aunque, contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia.
La empresa, que se dedicaba a la medicina y cirugía estética está en concurso de acreedores desde febrero de 2015 después de que en diciembre de 2014, presentase un preconcurso para intentar obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio (conforme a la Ley Concursal) o llegar a un acuerdo de refinanciación ante el mismo juzgado que acuerda ahora su liquidación. En ese momento declaraba que esta decisión no implicaba el cese de actividad y mantenía abiertas sus clínicas atendiendo a sus clientes y continuaba prestando servicios.
Pero de forma simultánea a esas manifestaciones, la firma ya había puesto en marcha un expediente de despido colectivo para toda la plantilla, compuesta por 300 empleados, trabajadores que en ese momento la compañía tenía entre España y Portugal. Los sindicatos pidieron ser parte del proceso en la comisión negociadora del expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción. En 2014 contaba en España con 54 clínicas propias, no franquicias, que le permitía abarcar cerca del 90 por ciento del territorio nacional, y disponía de otras cinco en Portugal.