El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves, con los votos del PP, UPyD, CiU y el PNV, el decreto ley de Medidas urgentes en materia concursal, que extiende a los concursos de acreedores la flexibilización de condiciones que desde hace unos meses se aplica a los preconcursos, mientras que el PSOE ha optado por la abstención a la espera de la negociación parlamentaria del proyecto de ley y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) se ha opuesto a la norma.
Prácticamente toda la oposición ha valorado durante el debate parlamentario que este decreto facilitará la supervivencia de muchas empresas que, siendo viables, acaban liquidadas por un exceso de endeudamiento, aunque también han señalado insuficiencias en determinadas áreas que deberán ser subsanadas a partir de ahora, ya que la norma se tramitará como proyecto de ley con la unanimidad de la Cámara.
Un asunto en el que han coincidido todos los grupos ha sido en la necesidad de crear un marco regulatorio del concurso de acreedores que sea de sencilla aplicación para los autónomos, las pymes y las personas físicas, de modo que no queden afectadas por deudas de por vida y puedan tener una segunda oportunidad para reincorporarse a la actividad económica.
Tanto el PP como el propio ministro de Economía, Luis de Guindos, se han mostrado receptivos ante esta petición, aunque está por ver si finalmente puede incorporarse de alguna manera al texto, dada su complejidad técnica y los anteriores intentos fallidos con el mismo objetivo que ya han tenido lugar esta legislatura con motivo de la tramitación de otras leyes.
Pese a todo, IU-ICV-CHA se ha mostrado muy contrario a una norma que, a su juicio, sólo supone abrir la puerta a los fondos buitre para que adquieran empresas españolas a precio de ganga y puedan luego especular con ellas, algo que, teme, supone la primera piedra de la próxima crisis financiera.
En el Grupo Mixto ha habido división de opiniones: mientras el BNG y Compromís-Equo han rechazado el texto, Coalición Canaria-Nueva Canarias, Geroa Bai, Amaiur y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) han optado por la abstención.
MODIFICACIONES EN LA NORMA
En cualquier caso, con la convalidación del decreto, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 5 de septiembre, entran en vigor plenamente sus previsiones, que pasan por ejemplo por reducir la valoración de las garantías sobre las que recae el privilegio especial.
Además, se posibilita la cesión de bienes en pago de las deudas bajo determinadas cautelas, se cambian las votaciones y mayorías para facilitar los convenios concursales, y se obliga a valorar el conjunto de la empresa o de sus distintas unidades productivas para que los potenciales interesados en su adquisición conozcan su valor real aproximado.
En estos casos, también se permitirá la subrogación automática de los derechos y obligaciones derivados de contratos existentes, sin necesidad de consentimiento de la otra parte, así como en las licencias o autorizaciones administrativas, sin que esto suponga responsabilidad por créditos impagados por el deudor antes de la transmisión salvo en el caso de deudas tributarias o con la Seguridad Social.
Asimismo, se amplía «notablemente» el contenido posible del convenio, permitiendo quitas «sin límite», esperas más elevadas y conversiones de deuda en capital social, préstamos participativos o cesiones en pago o para pago; se crea un portal con información sobre las empresas en liquidación y se crea una comisión de seguimiento de prácticas de refinanciación y reducción de sobreendeudamiento.
Por otra parte, el decreto incluye la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil a la que obligó una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE para que los deudores hipotecarios puedan recurrir, en igualdad de condiciones con las entidades financieras, las sentencias contrarias a su oposición a una ejecución hipotecaria si existe una cláusula abusiva.
Y, además, se crea una Comisión de seguimiento de las prácticas de reestructuración y reducción del sobreendeudamiento para valorar las medidas adoptadas y saber qué efectos van consiguiendo; y se permite la tramitación acumulada de concursos de las concesionarias de autopistas.
Tras el debate parlamentario del decreto, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha agradecido a la oposición su disposición a negociar y ha asegurado que tendrá la mejor disposición ante sus propuestas, reconociendo por ejemplo la necesidad de refundir la normativa concursal en un único texto para simplificarla.
Fuente: Europa Press
