No es la primera vez que la Asociación Profesional de Administradores Concursales en España (Aspac) explicita su disconformidad con las últimas reformas legislativas en materia concursal. En este caso el vocal de la Junta Directiva de Aspac Aticus Ocaña explicó en una entrevista a EFE que ha sido difundida en Expansión y El Economista, entre otras publicaciones especializadas, que el caso Abengoa, en preconcurso de acreedores, puede poner de manifiesto las incoherencias de estas modificaciones. Recientemente se ha firmado un pacto entre Abengoa y la banca para inyectar 106 millones de euros en la compañía sevillana para afrontar las necesidades de liquidez más importantes a corto plazo.
En pleno proceso de negociación para evitar el concurso de acreedores, Abengoa cifró en 400 millones de euros sus necesidades para superar el periodo de preconcurso
En concreto Aspac cree que los límites a la retribución del administrador concursal fijados han quedado en entredicho ante la magnitud de una eventual insolvencia de la firma andaluza. La reforma estableció que los honorarios de la Administración Concursal no podrían superar en ningún caso la menor de dos cantidades: 1,5 millones de euros (ampliable hasta 2,25 millones) o el 4 % de la masa activa.
Si se produce el concurso de Abengoa podría ser considerado el más grande de la historia de España, y por lo tanto sería enorme el tiempo, la responsabilidad, los recursos técnicos y humanos que el administrador concursal tendría que dedicarle, lo que haría muy cuestionable la posible rentabilidad para su Administrador Concursal. Esto, según Aspac, es un claro indicativo de que algo falla.
Otra incongruencia señalada por Aspac es que en estos meses de preconcurso la compañía y banca acreedora hayan contratado y pagado a las empresas que ellos decidieron para evaluar la situación y buscar soluciones, pero que, en cambio, esto no se pueda hacer para abordar el proceso de concurso.
Según Aticus Ocaña, de la Asociación Profesional de Administradores Concursales, para que pueda haber un sector especializado y competente en insolvencias es necesario que estos procesos resulten rentables para que el sector se profesionalice, ya que tal y como está la situación para los despachos ésta es una actividad es residual.
Aspac quiere poner de manifiesto que en España hay 40.000 administradores concursales para 46 millones de habitantes y, por ejemplo, en Alemania, 1.900 para 80,6 millones de habitantes. Además en nuestro país se declaran todos los concursos haya o no de donde cobrar, mientras que en Alemania previamente un perito hace un informe y analizan si concurren causas para la insolvencia y masa para pagar.
La Asociación Profesional de Administradores Concursales insiste en que la reforma no ha resuelto bien los temas clave del sector y que es necesario solventar estas incongruencias.