Cuando una compañía solicita el concurso de acreedores lo hace porque no soporta más la situación y no tiene dinero para pagar sus deudas. En España redactó la ley concursal para evitar las antiguas suspensiones de pagos y quiebras, y tratar de ordenar estas situaciones. La ley posibilitaba que las compañías que solicitaran el concurso lo pudieran superar, aunque estadísticamente es algo que sucede en contadas ocasiones, ya que según los datos sólo un 10% de lograr salir adelante. Cuando esto se consigue normalmente es mediante un convenio entre los administradores concursales (aquellos que nombra el juez cuando la compañía pide el concurso de acreedores) y los proveedores a los que la empresa concursada debe dinero. Es decir, los acreedores aceptan percibir cantidades inferiores a las que se les debían para tratar de que la empresa pueda salir adelante y continuar su actividad.
Desgraciadamente, y cuando el concurso se inicia demasiado tarde, son más frecuentes las situaciones como la que acaba de producirse con el de la zamorana Cetragran, que se ha cerrado sin poder pagar a los acreedores. El concurso no se produjo de forma voluntaria, sino ante las reclamaciones de más de 150 acreedores.
Seis años después de iniciarse el concurso de acreedores de la empresa de cereales Cetragran por una deuda inasumible de 17 millones de euros el Juzgado de lo Mercantil dio por cerrado este procedimiento sin que las empresas acreedoras pudieran rescatar las cantidades pendientes de cobro. En la liquidación de la empresa se pusieron a la venta activos como naves, una flota de más de veinte camiones y la finca en la que se ubicaba la sociedad, pero no bastó para afrontar todas las deudas acumuladas con los proveedores y empresas. Las instalaciones, terminaron en manos de una de las entidades de ahorro con las que tenía un préstamo hipotecario pendiente, adjudicación que se produjo después de que salieran a subasta y no se produjera ninguna puja, según publicaron los medios de comunicación.
El concurso fue declarado culpable y el juez autorizó la liquidación concursal de la empresa en junio de 2011 ya que Cetragran debía a proveedores y clientes más de 11.100.000 euros y fue imposible conseguir el quórum necesario para renegociar la deuda e impedir la venta de los bienes y activos inmobiliarios en la Junta de Acreedores previa. Debido a que no se obtuvieron suficientes fondos para pagar a todos los acreedores, y según lo marcado por la Ley, ´los primeros en cobrar fueron los bancos y entidades de ahorro, la Agencia Tributaria y la Tesorería de la Seguridad Social, y los trabajadores.